Investigan a exministra boliviana por corrupción en fondo indígena LA PAZ La exministra boliviana de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo co...
Investigan a exministra boliviana por corrupción en fondo indígena
LA PAZ La exministra boliviana de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo compareció hoy ante un fiscal de La Paz para declarar en una investigación por la corrupción denunciada en un fondo indígena que presidió por dos años.
La exministra respondió a 15 preguntas de los investigadores y debe continuar este viernes con otras 25, afirmó a los medios su abogado Edgar Soliz, tras salir de la Fiscalía junto a su defendida. El jurista argumentó que la exministra presentó como pruebas de descargo las resoluciones de las sesiones del directorio del fondo indígena, entidad que dependía de ese ministerio pero sobre cuyas decisiones Achacollo supuestamente no tuvo una relación directa.
Achacollo, una dirigente campesina muy cercana al presidente Evo Morales, renunció al cargo de ministra de Desarrollo Rural en agosto del 2015, tras cinco años y medio en el puesto. La investigación en el Fondo para el Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc) , que ella presidía, derivó en la detención de varios dirigentes del oficialismo y líderes indígenas acusados de actos de corrupción con esos recursos.
Al renunciar a su cargo Achacollo dijo que iba a defenderse en libertad, pero es la primera vez desde agosto del 2015 que hoy declara formalmente ante la Fiscalía por esta investigación. La exministra siempre rechazó las denuncias principalmente desde la oposición de que estuvo implicada en los malos manejos del fondo, que se nutría con parte de un impuesto cobrado a las petroleras.
Ante las sospechas, Achacollo ha argumentado que ella dirigió 22 instituciones, pero solo en el fondo indígena hay acusaciones porque allá existía un directorio formado por ocho organizaciones sociales del sector que tomaban las decisiones.
El Fondioc fue creado por el presidente Morales para impulsar planes de desarrollo con indígenas y campesinos, pero las autoridades establecieron en 2015 que hubo un daño al Estado por 14,6 millones de dólares en proyectos que fueron financiados pero nunca se concretaron.
