Jueza que liberó 18 buses chatarra de empresa cancelada será enjuiciada El Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de...
Jueza que liberó 18 buses chatarra de empresa cancelada será enjuiciada
El Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informa que el día de ayer el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la ciudad de Asunción, Abg. Julia Rosa Alonso Martínez, por mal desempeño en sus funciones en el marco de la tramitación de la causa judicial caratulada: “Roberto Carlos Sosa Benítez y Otros C/ Viceministerio De Transporte”.
El enjuiciamiento responde a la denuncia presentada en el mes de diciembre de 2017, por el Viceministro de Transporte, Dr. Agustín Encina, ya que en la causa mencionada, la hoy Jueza enjuiciada, dio lugar a una medida cautelar presentada por los propietarios de los buses con emblemas de la empresa de Transporte 29 de Septiembre Boquerón S.R.L., reviviendo de esta manera a una empresa ilegal y deudora en concepto de canon ante el Viceministerio de Transporte así como al Banco Nacional de Fomento (BNF).
La misma había ordenado el secuestro de 18 buses de la empresa 29 de Septiembre S.R.L., los cuales habían sido retenidos por los fiscalizadores del Viceministerio de Transporte por no contar con los mínimos requisitos técnicos para circular ni estar habilitados por esa Cartera de Estado, poniendo de esta manera en riesgo a los usuarios del transporte.
Lo llamativo del caso es que la Jueza otorgó la medida cautelar sin que los propietarios de los buses hayan acreditado la titularidad de ninguna de las unidades secuestradas; además no se acreditaron los presupuestos mínimos para conceder la medida cautelar, ya que la Jueza no exigió una contra cautela adecuada para el caso y por último utilizó argumentos laborales que no son de su competencia.
El Viceministro de Transporte Dr. Agustín Encina, manifestó que no solo benefició a la empresa con la medida cautelar reviviendo a una empresa ya cancelada, sino se extralimitó en sus funciones, poniendo en peligro a los usuarios de dicha línea, ya que autorizó la libre circulación de los buses sin que cumplan los mínimos requisitos técnicos, legales y de seguridad exigidos por la institución.
